La toma de posesión de Donald Trump inaugura un nuevo capítulo en la relación entre México y Estados Unidos. Los decretos firmados en su primer día, que incluyen la declaratoria de emergencia en la frontera sur y la designación de los cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés), delinean un enfoque centrado en la seguridad y el control fronterizo. Estas medidas prometen reconfigurar las prioridades de ambos países.

El nombramiento de figuras clave como Marco Rubio como Secretario de Estado y Mike Waltz como Asesor de Seguridad Nacional refleja una postura decididamente dura frente al crimen organizado; sin embargo, este nuevo capítulo también abre las puertas a esquemas de colaboración bilateral en materia de seguridad que habían desaparecido en administraciones anteriores. Durante su audiencia de confirmación ante el Congreso, Rubio destacó la necesidad de trabajar estrechamente con México para abordar retos compartidos de seguridad y criminalidad, subrayando el interés de la nueva administración en buscar soluciones conjuntas.

Dentro de la nueva agenda, la declaración de los cárteles como FTO puede ser una de las medidas con mayores implicaciones legales y económicas para ambos países. Para el sector privado esto plantea importantes desafíos, particularmente para las industrias de manufactura y finanzas, al aumentar el escrutinio y los riesgos de sanciones internacionales. Las compañías deberán reforzar protocolos de due diligence, monitorear riesgos en sus cadenas de suministro y trabajar con asociaciones transnacionales para garantizar el cumplimiento normativo.

Para México, esto representa una oportunidad para reposicionar su relación con Washington en materia de seguridad regional, equilibrando la presión estadounidense con la protección de su soberanía y asegurando que las medidas no comprometan su estabilidad interna.